A un paso del banquillo. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha  procesado este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos en relación a las filtraciones que afectan al caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso, investigado por fraude fiscal. Ahora, el juez dará traslado de su decisión a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

El procesamiento de García Ortiz era una noticia ya anunciada. En los últimos meses, durante la instrucción, Hurtado ha sostenido su tesis de que el fiscal general filtró a los medios de comunicación el contenido de un correo electrónico confidencial enviado por el abogado de González Amador al fiscal responsable de su causa. Este mensaje incluía una propuesta de conformidad penal con reconocimiento de culpabilidad por dos delitos contra la Hacienda Pública y el compromiso de abonar la deuda tributaria e intereses.

En concreto, el magistrado considera que dicha carta fue reenviada por Pilar Rodríguez al correo personal de García Ortiz, quien después lo facilitó a la prensa "con el ánimo de contrarrestar" la falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, la noche del 13 de marzo de 2024 a los medios de comunicación. Según esta información, que avanzó El Mundo, era la Fiscalía quien intentaba alcanzar un pacto con González Amador y no al revés. "Una cuestión de escasa relevancia", se atreve a decir el magistrado. 

Sin embargo, dentro del contenido del propio auto, no hay ninguna prueba de que García Ortiz difundiera la carta o la información sobre ella a los medios. El volcado del teléfono móvil de la fiscal provincial reveló, efectivamente, que ella le envió el mail del abogado de González Amador a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, pero en los mensajes cruzados entre ambos no hubo ninguno que apuntara a que ese correo luego se debiera filtrar a algún medio de comunicación. Y del teléfono del fiscal general nada se pudo extraer porque García Ortiz borró todo su contenido. Algo que el magistrado afea por haber frustrado así "una parte de la investigación que podría haberse acordado y ser útil".

Sobre el motivo por el cual Rodríguez le envió al fiscal el contenido del email, García Ortiz ya explicó durante su declaración que fue para hacer una nota de prensa y responder a la demanda de información de todos los medios tras el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez. Una nota de prensa que se divulgó finalmente al día siguiente. 

El magistrado, sin embargo, tiene otra opinión. Cree que ese reclamo fue para filtrarlo a los medios. Y añade un nuevo elemento: “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno [...] con la finalidad de ganar el relato a esa información”. Es decir, el magistrado sostiene que el fiscal general obtuvo el email del abogado y lo filtró a la prensa porque alguien desde Moncloa se lo pidió. Esta afirmación se señala en el auto sin prueba alguna. Ningún mensaje, ningún correo... Nada en las más de cincuenta páginas que configuran su auto.

La resolución agrega que, paralelamente, desde la Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión en los medios, se envió copia del correo del abogado a Pilar Sánchez Acera, asesora del entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López. El objetivo era que Juan Lobato, entonces portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, exhibiera el contenido de la carta en la Asamblea de Madrid ante Ayuso. Una misiva que, sin embargo, fue publicado pofr El Plural a las 09.06h. de la mañana del 14 de marzo, antes de la intervención del entonces líder socialista. 

En busca de esa conexión con la Moncloa, el magistrado llegó a pedir que declarara como testigo Sánchez Acera. Ella negó que distribuyera la carta, al igual que tuviera relación con la Fiscalía o con el fiscal general del Estado. Hurtado no pidió su imputación.

Lo cierto es que varios periodistas han declarado ante el juez que conocieron el contenido del correo del abogado de González Amador antes de que éste llegara a García Ortiz. ¿Cómo, entonces, se puede acusar a alguien de divulgar un secreto que ya no lo es? La jurisprudencia del Supremo establece que no puede ser secreto lo que ya ha sido difundido por los medios de comunicación.

El magistrado no comparte este planteamiento y explica en su auto que un secreto “en el contexto jurisdiccional en que nos movemos, se trata de un concepto asociado a la intimidad personal, que goza, por lo tanto, de una protección constitucional, con lo que queda garantizado el derecho de su dueño, para que sea él, exclusivamente, el que libremente elija a quien transmite su propio mensaje".

Pese a este procesamiento, García Ortiz ha anunciado este lunes que no dimitirá y ha defendido su inocencia. Pero asociaciones de jueces como APM y FJI piden abiertamente su salida y la AJFV cree que la decisión "es una reflexión que corresponde" al propio fiscal general.

García Ortiz se enfrenta a penas de uno a cuatro años de cárcel, suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años o inhabilitación especial para empleo público de tres a cinco años.