Lanzar la moneda y que salga cara o cruz. Parece un mero juego estadístico donde cada una de las opciones tiene un 50% de posibilidades de salir. Sin embargo y como demuestra Dos Caras en el mundo de Gotham (Batman), hay quienes deciden su propia suerte. El juez Ángel Hurtado es uno de esos ejemplos. Nacido en 1954, ingresó en 1983 en la carrera judicial y ha desarrollado su trayectoria en diversos juzgados y audiencias desde Euskadi, Madrid y pasando por Canarias. En 2006 llegó a la Audiencia Nacional, centrado en casos de terrorismo y delincuencia económica, pero últimamente se ha hecho conocido en prensa por los casos que ha llevado del Partido Popular y que, de alguna u otra forma, ha tomado decisiones puestas en tela de juicio. En 2020 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo apoyado por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con una postura conservadora —pese a que no pertenezca a ninguna asociación—, Hurtado se hizo un nombre propio en la institución judicial en el momento en el que el terrorismo de ETA acaparaba muchos de los informativos y portadas de los periódicos. Entró en el departamento de Manuel Marchena, aquel juez que fue protagonista en la mayoría de juicios contra 'el procés' los años más relevantes del independentismo, pero sin lugar a dudas su llegada al conocimiento mediático comenzó en la Audiencia Nacional. Fue ahí cuando obtuvo la responsabilidad de seguir el caso Gürtel, uno de los escándalos de corrupción más notables que terminó con la moción de censura que hizo que el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, tuviera que abandonar la Moncloa y cederle las llaves a Pedro Sánchez. 

Sin embargo, no fue tanto la responsabilidad de adquirir ese juicio, sino las prácticas que se llevaron a cabo la que llamó la atención. Fue el único de los tres magistrados del tribunal que votó en contra de citar a Mariano Rajoy como testigo. También emitió un voto particular pidiendo la absolución del Partido Popular, desmarcándose de la sentencia que consideró probada una estructura de corrupción vinculada al partido. Todo ello despertó las alarmas de todo el sistema judicial y las críticas se sucedieron desde los medios de comunicación hasta órganos más internos del Derecho. Tanto es así, que desde entonces y hasta ahora, Hurtado no había vuelto a tener un caso tan relevante y mediático.

Con todo ello y una vez que finalmente el entonces presidente del Gobierno pisara la sala de lo penal en forma de testigo, se le dio un trato nunca antes visto y que consiguió bautizar una mesa como "la mesa de Rajoy". En lugar de estar de frente al tribunal y un peldaño más abajo, como todos los testigos, lo situó al lado y a su misma altura. Todo ello sucedió después de que el magistrado empleara todos los recursos habidos y por haber para que el gallego no tuviera que comparecer ante el tribunal. Primero se opuso a recabar su testimonio, luego pidió que declarase por videoconferencia y finalmente intentó que fuese en La Moncloa. Algo que sin duda despertó las sospechas acerca del procedimiento judicial. 

Además, este no fue el primer juicio que acarreó decisiones que no han sido compartidas en el seno de la Justicia. Uno de sus fallos más controvertidos llegó en 2014, cuando la Sala Penal de la Audiencia Nacional —con Hurtado como ponente— decretó el archivo del caso José Couso, el cámara de Telecinco muerto en 2003 por disparos de tropas estadounidenses en Bagdad. El tribunal justificó el cierre en aplicación de la reforma del principio de justicia universal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El auto se basó en declaraciones de militares estadounidenses, lo que generó un revuelo sin precedentes en uno de los acontecimientos más destacados desde que España, con José María Aznar en la Moncloa, entrara en la guerra de Irak.

El fallo provocó fuertes críticas por parte de la familia de Couso y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que se trató de un caso de impunidad internacional. Pese a la presión mediática y política, Hurtado defendió la aplicación estricta del nuevo marco legal, sin hacer concesiones discursivas. En verano de 2021 el Estado tuvo que indemnizar a la familia del asesinado con un total de 182.290 euros. Fue entonces cuando el Supremos determinó que España "se limitó a dar por buenos los argumentos de Washington" y reprochó a la sala dirigida por Hurtado que "estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos” y que no debió "dar la callada por respuesta o limitarse a dar por buenos los argumentos" de Estados Unidos.

“Los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado; siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismos de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable”, aseguraba entonces el Tribunal Supremo. "Lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes”, proseguía.

De vuelta a los focos: el fiscal general del Estado procesado

Con lo sucedido con el caso Gürtel, Hurtado había vuelto a un perfil bajo en el que pasar desapercibido se había convertido en prioritario. Es una de las raíces de su identidad debido a que nunca habla en público y el archivo fotográfico es limitado. Sin embargo, ahora ha vuelto a emerger en la actualidad política después de que este lunes haya acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado pone encima de la mesa que, a su juicio, García Ortiz habría facilitado a un medio de comunicación el correo en el que el abogado de González Amador admitía los dos delitos fiscales por los que se le investiga. Dicho correo, tendría conversaciones sensibles que estarían sujetas a criterios de reserva y confidencialidad. Incluso, apunta que "se filtró el correo por órdenes de Moncloa". Los focos vuelven a apuntar a Hurtado después de un tiempo en la sombra y, de nuevo, con un caso relacionado con el Partido Popular en el que el tiempo dictaminará el resultado. 

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegura que descarta dimitir ante la situación que se encuentra encima de la mesa. Una línea similar a la que mantienen desde el Gobierno donde el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que es compatible que el fiscal general continúe en el cargo a pesar de haber sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. "En ningún caso pediremos su dimisión", ha dicho ante los medios. "Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito", ha insistido señalando que "no hay base probatoria" de las afirmaciones del magistrado Hurtado. 

Una nueva moneda se encuentra en el aire lanzada por Ángel Hurtado cuya suerte vuelve a relacionar al Partido Popular, concretamente al novio de Isabel Díaz Ayuso. La incógnita suscita nuevamente acerca de qué lado caerá en esta ocasión después de los precedentes que persiguen al magistrado.