El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad al real decreto-ley del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, y que supone la llegada de 500 niños a Castilla-La Mancha, por falta de financiación.

La consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de que se ha dado luz verde a este recurso tras haber recibido el informe del Consejo Consultivo sobre este real decreto-ley, que "se ha aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno" y que "viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor".

"No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.