Varias empresas españolas que operaban en los Territorios Palestinos Ocupados, la Franja de Gaza y Cisjordania, han cesado sus actividades en la zona. Así lo ha anunciado esta mañana el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que hace un año les envió una carta pidiéndoles que evitaran que sus actividades económicas pudieran contribuir a "vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos que está llevando a cabo el Gobierno israelí contra la población palestina".

"Cuando envié estas cartas se armó mucho revuelo, pero a raíz de esta acción, varias empresas españolas nos comunicaron el cese de su actividad en los territorios palestinos ocupados. Esto es una buena noticia e indica el camino a seguir", ha declarado Pablo Bustinduy este jueves durante una visita a Bilbao, según un comunicado publicado por su Ministerio.

Desde Bilbao, Bustinduy ha anunciado también que este mismo jueves remitirá otra misiva a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, para que interceda con las empresas que todavía operan en Palestina. "Instamos a la patronal española a que se implique para asegurar que los agentes económicos españoles no contribuyen ni participen de ninguna manera directa o indirecta con el genocidio insoportable que se está llevando a cabo", ha solicitado el ministro.

Bustinduy ha reclamado romper "cualquier vínculo comercial, diplomático o económico" con Israel y aumentar la presión contra el Gobierno de Netanyahu "para poner fin al genocidio en Gaza". Todos los actores económicos, ha recordado, tienen la obligación de no contribuir a la "ocupación ilegal". 

Como ya recordó hace un año, y en base a lo dictaminado por la Comisión Europea, las compañías que importan productos de los territorios palestinos ocupados deben etiquetarlos como procedentes de un "asentamiento israelí" y no como "productos de Israel".