Shanghái es, para muchos, el arquetipo de gran metrópoli moderna: una ciudad de escala casi infinita que evoca imágenes de rascacielos desafiando el cielo y calles rebosantes de vida independientemente de la hora que sea. Lo que muy poca gente sabe es que en Cartagena existe un pequeño poblado que, con su encanto único, recrea sobre el Mediterráneo la misma audacia de construir una comunidad vibrante sobre el agua.

Se trata de la Algameca Chica, a menudo llamada la ‘pequeña Shanghái de Cartagena’, una sucesión de asentamientos de carácter alegal situados en la desembocadura de la rambla de Benipila al mar Mediterráneo. La comparación con la emblemática ciudad china se debe a que este poblado también ha construido sus hogares sobre el agua, aunque la verdad es que representan realidades completamente distintas.

La Algameca Chica busca sobrevivir y adaptarse a los tiempos, siendo un asentamiento que nació en 1778 como refugio de pescadores que, desplazados de la ciudad, erigieron sus viviendas sobre pilotes en el mar. A finales del siglo XIX apenas existían cinco viviendas en torno a la zona, pero hoy suman alrededor de 120, construidas con madera y pintadas en tonos vivos, muchas con barquitos amarrados a la puerta.

Un futuro incierto

Actualmente, solo unas veinte personas residen aquí durante todo el año, aunque en verano su población se dispara hasta varios centenares de visitantes y descendientes que regresan en busca de calma y nostalgia. Hoy en día se ha formado una comunidad sólida de diferentes familias que son más que vecinos, aunque cabe decir que no se pueden construir más casas de las que hay, sino que se van heredando de generación en generación.

La Algameca Chica carece de los servicios urbanos habituales: no cuenta con red de agua corriente ni conexión eléctrica. En su lugar, cada vivienda cuenta con placas solares de las que obtener la electricidad necesaria para funcionar, así como el abastecimiento de agua se realiza mediante camiones cisterna y depósitos comunitarios. Un único puente une los dos lados de la rambla, el cual ha sido derribado en tres ocasiones recientes, pero siempre reconstruido de forma colectiva por los propios vecinos.

Pese a su encanto, este poblado vive en un limbo legal que le hace tener un futuro incierto: su carácter alegal impide su reconocimiento oficial, pero también lo blinda de un desalojo inminente que, según sus habitantes, desataría una respuesta social sin precedentes. Por ello, los vecinos luchan por el reconocimiento de ser declarada Bien de Interés Cultural, ya no solo para amparar su legado histórico, sino para asegurar un modo de vida sostenible a largo plazo.