La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso a la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque cree que la instrucción no ha tenido "garantías procesales ni constitucionales".

Según ha informado el diario El País, el documento fue firmado este viernes y señala que, antes de que el fiscal general tuviera acceso a los correos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los que admitía dos delitos fiscales, "una pluralidad de personas" conocieron su contenido.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, recurre la decisión de Hurtado acudiendo directamente a la Sala de Apelación, con lo que se salta la posible revisión del propio instructor, para pedir el archivo de la causa y la exoneración de los dos fiscales procesados.

La 'número dos' de Fiscalía alega que "el propio magistrado reconoce que con anterioridad a la presunta filtración del correo de 2 de febrero de 2024 por el fiscal general del Estado circulaba por los medios la existencia de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador de reconocer la comisión de dos delitos fiscales".

En este sentido, añade que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "también declararon que una pluralidad de personas conocían, con antelación a la presunta filtración del correo por el fiscal general del Estado, la existencia de ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador".

Sobre esto, incide en que varios periodistas testificaron que "poseían la información referida al correo de fecha 2 de febrero de 2024 con antelación a que el mismo fuese remitido al fiscal general del Estado".

De hecho, acusa a Hurtado de usar un "argumento reduccionista" por deducir que las únicas "fuentes jurídicas" a las que hizo alusión la Cadena SER al informar del citado 'email' la noche del 13 de marzo podían ser la Fiscalía o el abogado de González Amador, al que descartó en base al testimonio del propio letrado, Carlos Neira.

Apunta a la jefa de la Fiscalia Superior de Madrid

"Ha sido acreditado en la causa que el célebre correo de fecha 2 de febrero de 2024 había sido remitido también a la Abogacía del Estado, órgano jurídico, ese mismo día", recuerda.

Sánchez Conde subraya que esa información era conocida también, "por ejemplo", por la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, "conocimiento que posibilitó que, con anterioridad a que los correos le fuesen remitidos al fiscal general del Estado, la misma le alertase de la información que estaba circulando" y que "ella sabía que era falsa".

La Fiscalía se detiene en este punto para refutar la afirmación de Hurtado de que desmentir la información que publicó 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 --que decía que era el fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda quien había ofrecido pactar a González Amador, en vez de al revés, como reflejó el 'email' de 2 de febrero-- era irrelevante.

Sánchez Conde sí considera "trascendente" que en esa misma publicación se dijera "que había órdenes de retirar ese inexistente pacto de conformidad ofrecido por la Fiscalía al señor González Amador, órdenes que tampoco se habían producido".

"De lo que se trataba, era de informar acerca del comportamiento procesal de la Fiscalía en un asunto de indudable relevancia, ante informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos", defiende.